En la práctica, los riesgos no se originan en el incidente, sino en fallas estructurales durante el proceso, tales como: reportes mal clasificados o sin evaluación inicial adecuada, ausencia de medidas efectivas contra represalias, investigaciones sin metodología ni trazabilidad documental, decisiones disciplinarias sin soporte probatorio sólido, falta de consistencia en el manejo de casos.
Estas brechas no siempre son visibles. Pero sus consecuencias se pueden convertir en impugnaciones laborales, conflictos internos que escalan innecesariamente, pérdida de evidencia clave, cuestionamientos sobre imparcialidad, y exposición legal, financiera y reputacional.
Cuando el sistema no es estructurado, incluso un caso menor puede convertirse en un problema mayor.
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